En Ciudad Juárez, ya estamos demasiado acostumbrados a convivir con el ruido de las balas. Pero hay episodios que, por más repetidos que parezcan,...
En Ciudad Juárez, ya estamos demasiado acostumbrados a convivir con el ruido de las balas. Pero hay episodios que, por más repetidos que parezcan, revelan una problemática más profunda: la creciente normalización de figuras públicas armadas que circulan como si su investidura política les diera licencia para todo. El caso más reciente involucra a Emanuel Abysaed Corral Mendoza, ex candidato panista, quien fue detenido tras presuntamente disparar contra dos personas en plena vía pública.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel de la Madrid, donde un reporte de persecución y detonaciones movilizó a la policía municipal. Al llegar, los agentes encontraron dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10 y una Ford King Ranch Super Duty. En esta última viajaba Corral Mendoza, portando una pistola calibre .380 abastecida con once cartuchos.
Las dos personas que descendieron de la camioneta Chevrolet no dudaron en señalarlo como el agresor. Y no solo se trataba de una acusación verbal: la unidad presentaba impactos de bala y daños visibles que reforzaban su versión.
El ex candidato mostró una credencial que lo acredita como escolta, con permiso de portación vigente. Es decir, sí podía traer el arma… pero no usarla para abrir fuego contra civiles en una discusión vial. Y ahí está el punto clave: el problema no es únicamente la portación, sino la facilidad con la que algunos actores políticos y de seguridad confunden su facultad legal con una sensación de impunidad.
El caso de Corral Mendoza, aunque podría parecer un incidente más, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de armas por parte de particulares vinculados a la política local. Cuando la autoridad permite que personas con capital político circulen armadas, la línea entre la defensa y el abuso se vuelve peligrosamente difusa.
Hoy, este ex candidato panista está detenido y en manos de la fiscalía estatal para que se determine su responsabilidad. Pero más allá de este expediente, queda un mensaje que Juárez no debería ignorar: la violencia no siempre llega desde la clandestinidad; a veces viene disfrazada de legitimidad.
